Imagen de referencia / Archivo DEM
La Corte Suprema de Justicia ordenó, este martes, iniciar juicio civil contra el exfiscal general de la República Luis Martínez por indicios de enriquecimiento ilícito de $486,213.80 que, según la Sección de Probidad, no logró justificar.
Según el informe de Probidad, en cuatro tarjetas de crédito del exfiscal, su esposa e hijo se realizaron pagos por $384,632.49 durante su gestión en la Fiscalía General, sin relación a retiros de cuentas bancarias personales ni de su grupo familiar, de los cuales logró desvanecer $15,774.78, que provienen de la Fiscalía en concepto de viáticos según el informe.
Probidad indica que no logró determinar el origen de la diferencia, $368,857.71, cantidad que en un informe posterior reduce a $361,285.00. Esta cantidad se suma a $125,408.80, que según Probidad no justificó de acuerdo a un primer informe del 7 de agosto de 2016.
De las cantidades, también se restan $480.00 de pagos mínimos a una tarjeta de crédito. Así, la cantidad que según la CSJ no justificó el origen asciende a $486,213.80.
Según Probidad, el exfiscal o su esposa entregaban sobres con dinero en efectivo a un empleado de la Fiscalía General que inició sus labores en diciembre de 2012, y él trasladaba dinero en efectivo a las instalaciones de la fábrica Bolsas Desechables y Plásticos (Bodepa) en San Marcos, en donde el contador hacía pagos a las tarjetas de crédito.
La orden de juicio civil tuvo 13 votos de la CSJ: los propietarios Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Doriz Luz Rivas Galindo, Ovidio Bonilla, Leonardo Ramírez Murcia, Dafne Sánchez y Elsy Dueñas; y los suplentes Ricardo Suárez Fischnaler (por María Luz Regalado), Juan Manuel Bolaños (por Óscar López Jerez), Sandra Luz Chicas (por Roberto Argueta) y Sonia Barillas (por Armando Pineda Navas).